Fiscal Matías Edery: “Ninguna organización criminal con una estructura sólida puede subsistir por más de 12 años sin que haya connivencias policiales, judiciales y políticas”
Son tiempos complejos para los rosarinos, las disputas por el negocio del narcotráfico han generado un reguero de muertes en la ciudad. La Voz de Rosario fue en busca del Fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery, quién junto a Schiappa Pietra adquirió notoriedad por la abnegada lucha que llevan adelante contra el crimen organizado y la corrupción. Edery siendo fiel a la rectitud que rige su conducta profesional y de vida no escapó a ninguna pregunta, respondió sin titubeos sobre el crecimiento de la droga en Rosario, sobre la causa del senador Traferri además dio su opinión acerca de la denuncia mediática del diputado Pullaro y habló del rol que le cabe a la justicia en esta difícil coyuntura que atraviesa la provincia.
Es de público conocimiento que junto a Luis Schiappa Pietra estuvieron reunidos con la comisión de Seguridad de Rosario, da la sensación de haber otra predisposición de algunos sectores de la política rosarina para ir por el lavado de dinero de la droga. ¿Esto representa un cambio positivo porque se quiere buscar una solución a un flagelo que tanto dolor genera en la sociedad de Rosario?
El lavado de activos o de forma más genérica la investigación sobre la utilización, inversión y circulación del dinero que generan las actividades ilegales (narcotráfico, evasión impositiva, venta de cereal en negro) es fundamental porque permite golpear al “crimen organizado” en el aspecto fundamental para el que fue creado: generar dinero ilegal. Este tipo de investigaciones necesitan de una estructura, de recursos extensos y especializados. La creación de un sistema administrativo que detecte posibles maniobras de lavado es fundamental, para empezar a ver maniobras de colocación de activos de forma embrionaria. Me parece muy loable la preocupación de todos los bloques que integran el Concejo porque decidieron dejar de lado cuestiones ideológicas o de conveniencia política para consensuar la mejor ordenanza posible. Ese tipo de trabajos conjuntos por encima de los intereses partidarios son un aporte real de la política para mejorar la seguridad de la ciudad”.
Las muertes del fantasma Paz, El Pájaro Cantero y Luís Medina provocó una división del negocio de la droga y esa partición dio origen a la aparición de distintas bandas en la ciudad de Rosario. ¿Esto es lo que generó esta triste realidad de muertes por doquier que se dan en el marco de la disputa del territorio y los espacios de poder dentro del narcotráfico?
No Cabe duda que estos tres homicidios modificaron la estructura del negocio narco en Rosario. Los tres tienen varias similitudes pero tal vez la más llamativa es que ninguno de los tres tiene autores identificados. Y creo que eso es así porque realmente hubo intereses muy fuertes de muchos sectores para que esos homicidios se produzcan. A partir de esos hechos se atomizan los grupos dedicados al narcomenudeo y aparecen muchas de las disputas que terminan con personas muertas o heridas.
¿Cuál fue el rol de las fuerzas de seguridad de la provincia en este cambio de escenario en el negocio de la droga?
A partir de ese momento las fuerzas de seguridad pasan a formar parte del negocio narco, dejan de cobrar una coima por mirar para otro lado o dejar pasar un camión para ser parte de las estructuras de tráfico y venta de drogas. Esta connivencia policial que también tiene su pata política hace mucho más difícil el trabajo contra las bandas porque parte de las fuerzas forman parte de las mismas. Ese tríptico entre connivencia política, participación policial y la circulación de dinero que hablamos antes explican una parte del problema de tráfico y la violencia que hay en las calles.
¿Hay otros factores que contribuyen a la proliferación del narcotráfico?
Una visión conjunta del problema tiene que incluir los índices de pobreza que hay en Rosario, la cantidad de niños adictos que hay en muchos barrios, la falta de programas sostenidos por parte del estado para que las personas de bajos recursos que nacen en barrios empobrecidos de la ciudad tengan salidas alternativas que les permita vivir. Lo que trato de ensayar es parte del diagnóstico que podemos ver desde nuestro rol como fiscales y que vemos en las investigaciones que llevamos adelante. Pero el análisis de las causas globales de la violencia exige una mirada que exceda en mucho las investigaciones penales.
¿Debe existir una mancomunión entre la política, la justicia y el sistema financiero para romper el circuito del dinero que se genera con el negocio de la droga no termine en la construcción o en otros eslabones de la economía?
Sin dudas que si. La mancomunión o los consensos – como los que llegó el concejo en la ordenanza de lavado – son fundamentales para poder encontrar una solución a los problemas de violencia de la ciudad en general. Si uno puede marcar 8 o 9 puntos para lograr consensos seguramente a mediano plazo la situación actual puede cambiar. En cuanto al circuito de dinero ilegal es fundamental no solo porque se evita que las organizaciones blanqueen y usen el dinero sino que además haría el sistema más transparente en cuanto a los flujos de plata. Los que reciben dinero tienen que comprometerse a analizar con detalle de dónde vienen. Para eso tienen que entender que hay tanta responsabilidad para la situación actual de seguridad en quien recibe dinero ilegal como el que empuña un arma en un barrio.
Todos saben o presumen que existe connivencia entre algunos actores de la política, de la justicia y de la policía con el narcotráfico, ¿No es descabellado pensar que la impunidad que ha permitido su exponencial crecimiento se haya dado a cambio de favores que se han suscitado entre los mismos?
Ninguna organización criminal con una estructura sólida como por ejemplo tuvo Alvarado puede subsistir por más de 12 años sin que haya connivencias policiales, judiciales y políticas. Y eso está claro. En el juicio se expuso en audiencia pública como Alvarado influía para la designación de jefes policiales o como Traferri benefició en distintos ámbitos a los policías que trabajaban con Alvarado a los que les gestionó ascensos y los llevó a todos a trabajar a la Regional San Lorenzo. Esos vínculos con la política son los que permiten el crecimiento de las organizaciones. No hay que buscar tanto a la persona pagando con un bolso de dinero sino en ese tipo de gestos y proteger a los policías que se beneficiaron por años con el negocio narco es un claro ejemplo de eso.
¿En que instancia quedó la causa del senador Traferri y su vinculación como organizador del juego ilegal en la provincia, se podrá lograr algún día el desafuero del legislador para que comparezca ante la justicia como el más terrenal de los santafesinos?
Nosotros hicimos un planteo judicial para que se declare inconstitucional la extensión de los fueros que tienen los legisladores en Santa Fe. Básicamente porque creemos que se afecta un derecho fundamental de las democracias modernas como es la igualdad ante la ley e impide investigar hechos de corrupción que por imperio del art. 36 de la constitución tiene jerarquía constitucional. La extensión de los fueros que tiene la provincia coloca a Santa Fe y al país en serio riesgo de caer en responsabilidad internacional, porque se han suscrito numerosos convenios internacionales que exigen que los estados remuevan cualquier obstáculo legal que impida investigar causas de corrupción. Los fueros en los que se ampara Traferri evidentemente violan estas disposiciones. Ese reclamo hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esperamos que resuelva favorablemente a lo que planteamos”.
Hace una semana en el noticiero del mediodía de Nación TV el diputado provincial Pullaro aseguró que Peiti había nombrado ante el juez 14 veces a Perotti y Mirabella como destinatarios del dinero del juego clandestino. ¿Es tan así que fueron nombrados tantas veces en la declaratoria del empresario ante la justicia, porque es una acusación que encierra gravedad institucional por la investidura de los imputados que se menciona en la denuncia mediática del dirigente radical?
La declaración de Peiti es pública y cualquiera que este interesado puede verla y realizar el análisis que le parezca. En esa declaración Peiti nombra a muchas personas pero no toda persona que menciona la nombra cometiendo un delito. El reconoce haberle entregado 250.000 dólares al senador Traferri y él le decía que eran para la campaña de Perotti. En la misma declaración asegura que ni a Perotti ni a Mirabella nunca los vió, ni los conoció. De las personas que nosotros entendemos que citó Peiti realizando actos que podrían encuadrarse en sanciones penales hemos avanzado en las investigaciones con suerte diferente” y reiteró “Ni el gobernador Perotti ni Mirabella” están dentro de esta gente porque Peiti dice expresamente que no los conocía. Ese es el análisis jurídico que nosotros hicimos de la declaración, el análisis político que pueda hacerse y su utilización política excede nuestro rol como fiscales que investigan delitos.
Después que la comisión bicameral de la Legislatura desestimó el pedido del Senador por San Lorenzo contra ustedes los fiscales que los acusaba de un “mal desempeño” en la causa de juego clandestino. ¿Eso les da tranquilidad de su correcto obrar en aras de conocer la verdad, representa un apoyo de parte de la justicia y a la vez no sienten que esta todo patas para arriba en Santa Fe, como que da la sensación que el pato le tira a la escopeta?
Son varias cuestiones. Nosotros siempre supimos que la denuncia no tenía ningún fundamento. Era inconsistente, falsa, plagada de mentiras y análisis sesgados de evidencia. El primer problema es el sistema de remoción de fiscales que esta en manos de la legislatura. Esta denuncia demuestra lo irracional del sistema. Investigamos y queremos imputar a un senador, no se presenta, y el legislador nos presenta seis denuncias – todas fueron desestimadas – y finalmente nos denuncia ante un cuerpo que él integra y que tiene la facultad de destruirnos. Es el reino del revés. Por suerte en la abrumadora mayoría de la comisión de acuerdo primo la cordura y rechazaron ese mamarracho. Realmente me llama mucho la atención que un abogado de la trayectoria y el prestigio de Romera se preste para semejante circo sin ningún sustento jurídico. Leer esa denuncia mueve a risa a cualquiera que sepa de derecho y sin embargo el abogado puso su firma.
Para terminar Matías te puedo repetir la pregunta: ¿Les da tranquilidad el apoyo que la Justicia les brindó ante la denuncia de Traferri?
Creo que la tranquilidad sería tener un sistema justo y democrático para remover a los fiscales. No podemos estar sometidos a quienes integran un cuerpo legislativo porque de esa manera estaríamos sujetos en todo momento a las necesidades políticas. La sanción y remoción de un fiscal exige que sea desarrollado dentro del ámbito de un proceso imparcial, no contaminado por intereses políticos y que respete las etapas del debido proceso legal. Así era el sistema original de la ley 13.013 y “esa ley fue modificada cuando se abrió la causa que investigaba los subsidios de los senadores, queda claro cual fue el objetivo y el motivo de modificar el sistema de remisión de los fiscales, evitar que se investiguen causas de corrupción”
Que buena nota!